"Ni están estancadas, ni van muy rápido: las negociaciones avanzan". Es el análisis que hace un ministro sobre las conversaciones que el PSOE está llevando a cabo con el resto de grupos para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Después de semanas de trabajo y a poco más de un mes para que termine el plazo para que haya investidura -si no, habrá repetición electoral el próximo 14 de enero-, el diálogo continúa, aunque en algunos flancos todavía reina la desconfianza. Sobre todo, con Junts, que exige a los socialistas que registren en el Congreso de los Diputados una ley de amnistía que beneficie a 4.000 personas, además de aceptar la 'vía escocesa' para el referéndum. Este mismo domingo, Puigdemont compartía en su cuenta de X un mensaje en el que insistía en que la independencia "es la única manera de seguir existiendo como nación"

Todas las fuentes consultadas desde que se celebraron las elecciones el pasado 23 de julio coinciden en que el acuerdo con la formación de Carles Puigdemont, expresident de Cataluña huido de la Justicia, es el más difícil de los que se han de alcanzar. Los socialistas mantienen las negociaciones abiertas con el resto de partidos -Sumar, ERC, PNV, BNG o EH Bildu, que fue el primero en dar su apoyo público-. La diferencia es que con estas formaciones la maquinaria ya está bien engrasada, pues todos ellos en mayor o menos medida han sostenido al Gobierno de coalición durante los últimos cuatro años. Antes de los comicios generales, Junts estaba fuera de toda ecuación. Ahora acapara los focos. Y los catalanes quieren pruebas más allá de la palabra del presidente, al que le han transmitido esta desconfianza.

Es aquí donde entra la petición de que la ley de amnistía sea registrada en la Cámara Baja antes de que se vote la investidura, donde los 'síes' de los siete diputados del partido independentista serán imprescindibles. Su pretensión es, según fuentes del partido, que sea el PSOE el que lleve a cabo esta acción. En la práctica, el registro de la ley en el parlamento antes de la votación no tiene gran trascendencia -si la Mesa, en manos de la izquierda, quiere retrasarla o adelantarla, lo hará-. No obstante, dejaría apenas sin margen de rectificación a Sánchez de cara a una eventual repetición electoral. El presidente en funciones guarda por el momento un medido silencio sobre la medida de gracia, más allá de haberla mencionado en contadas ocasiones. Con todo, esta exigencia supone una rebaja de las condiciones primigenias: en septiembre, Junts pedía que estuviera aprobada antes de investir a Sánchez, algo que resultaba imposible con el calendario en la mano.

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Además, solicitan que la amnistía beneficie a 4.000 encausados por el 'procés' que las entidades independentistas calculan que hay. Es la misma cifra que promulgó Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, dos días después de las elecciones. "Si una cosa ha dejado clara [Puigdemont] es que no busca una solución personal, sino una colectiva", apuntó Josep Rius, otro portavoz de Junts, ese mismo día. La otra posibilidad de amnistía que se conoce es la de Sumar -los socialistas han dejado claro que no es su propuesta- y no contempla el número de beneficiarios, más allá de asumir como margen temporal las causas abiertas entre el 1 de enero de 2013 y el 17 de agosto de este año.

El hecho de registrar la proposición legislativa antes de la investidura es uno de los tantos "gestos" que desde Junts han venido pidiendo a Sánchez para que las negociaciones avancen. Destacan en este apartado el cambio de reglamento del Congreso para el uso de las lenguas cooficiales -algo a lo que el PSOE se había negado durante la pasada legislatura- o el impulso del catalán como idioma oficial de la Unión Europea, priorizado por el Ejecutivo en funciones por encima del euskera o el gallego. La formación también se congratula de que las negociaciones con ellos las esté llevando a cabo la cúpula del partido. Es decir, el propio Sánchez y, también, el secretario de Organización, Santos Cerdán.

Los independentistas escogen la 'vía escocesa'

Otra de las peticiones de los de Puigdemont es que Sánchez acepte la 'vía escocesa' para el referéndum. Es un escenario que los independentistas siempre han barajado y que ahora parecen haber elegido definitivamente. De hecho, es la petición que lanzó la semana pasada el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Eso sí, con el matiz de desvincularlo de la investidura. El plan de los republicanos pasa por plantearlo como una posibilidad, al igual que hicieron hace años con la amnistía, que puede convertirse ahora en realidad. 

Con todo, esta opción supone de facto la renuncia a la unilateralidad, puesto que la opción escocesa se basa en que sea una consulta pactada. De hecho, el referéndum de autodeterminación que dicho país celebró en 2014 -y en el que la opción ganadora fue el no a la independencia con el 55,3% de los votos- se acordó con el Gobierno británico de entonces, liderado por David Cameron. Desde Junts, en cambio, opinan que sería una forma de dar validez al referéndum ilegal celebrado en 2017.